La inserción laboral de personas con discapacidad es una cuestión que nos afecta a todos. Las principales barreras entre el mundo laboral y las personas con discapacidad se encuentran, sobre todo, en el desconocimiento por parte de las empresas de las capacidades de las personas. Muchas veces, las empresas no tienen claro lo que puede aportar en sus centros de trabajo el hecho de contratar a una persona con discapacidad. 

Este colectivo sufre en muchos aspectos de la sociedad una vulneración de sus derechos. Revertir esta situación es una obligación de toda la sociedad y, desde las empresas, se debe cumplir con la parte laboral y social para favorecer eliminar estas desigualdades. Los últimos datos disponibles (2019) sobre ocupación del SEPE en el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad, indican que en los últimos cinco años se ha producido un incremento en el número de personas con discapacidad afiliados a la Seguridad Social. No obstante, la tasa de empleo de personas con discapacidad en 2018 fue del 25,8%, lo que significa 40 puntos por debajo de las personas sin discapacidad (65,9%).

Estos datos denotan una barrera muy importante para el colectivo de personas con discapacidad. Hoy en día, se sigue incumpliendo el Real Decreto Legislativo 1/2013 Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social cuyo artículo 42 recoge la obligatoriedad de empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores, de contar con al menos un 2% de trabajadores con discapacidad. No obstante, la ley recoge una excepción para aquellas empresas que, ya sea por lo específico del sector o por la necesidad de que todos sus empleados cuenten con una cualificación muy específica, que permite la posibilidad de eximir ese 2% de empleados con discapacidad; En ese caso la empresa debe contratar un Centro Especial de Empleo para realizar las tareas de limpieza o mantenimiento.